14 de junio de 2008

El comandante general del Ejército, Edwin Donayre


FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY... - I Así es la vida... del general

El comandante general del Ejército, Edwin Donayre, intensifica su carrera artística. Gracias a América espectáculos pudimos verlo ayer visitando los estudios de Así es la vida para felicitar a los actores Michael Finseth y Germán Loero, quienes realizaron grabaciones en las instalaciones del Ejército. Incluso, los invitó a visitar alguna zona fronteriza. Que vayan al Hito 1 del límite con Chile.

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY... - II¿Quién soy yo? ¿Papá?

Donayre sí que se siente cómodo ante las cámaras, pues se vacilaba de lo lindo con Adolfo Chuiman, a quien le decía: "¡En la cara no! ¡En la cara no!". Hasta se animó a hacer ranas con Finseth y Loero. El general debe haber creído que estaba en un casting.

4 de junio de 2008

“FAP sabía de acoso sexual a cadete”

El diario OJO accedió al informe final de la Subcomisión del Congreso que investiga la violación a la cadete Diana Bazán en la Escuela de Oficiales de la FAP (EOFAP), el cual confirma que su supuesto agresor, el alférez Jesús Ferreyra, la “hostigó sexualmente” meses antes de ultrajarla, y la institución no actuó pese a que se supo esto.

Además, revela que la comisión de la FAP no solicitó al hospital Las Palmas, que revisó a Diana, el informe de “las huellas” de su violación, por lo que sus indagaciones tuvieron “un sesgo”. Rosa Venegas, presidenta de la subcomisión, dijo que no incluyeron los indicios de delito penal en el documento, porque el caso está en proceso en el Poder Judicial. A la vez, adelantó que hay “10 denuncias de violación” cometidas en la Policía y otras entidades del Estado, que están pendientes de investigación.

3 de junio de 2008

“FF AA deben permanecer en estado de alerta máxima”

Ante la reorganización de remanentes del MRTA alertada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Aste, las fuerzas del orden deben mantenerse en alerta máxima, así como informar a las instancias del gobierno correspondientes cómo se está previniendo ese peligro. Así lo invocaron representantes de las diversas bancadas políticas del Congreso de la República.

Para Aurelio Pastor (APRA), es claro que los grupúsculos terroristas pretenden retomar su capacidad operativa lo más pronto posible. "Me parece saludable que nuestras FF AA estén atentas a estos grupos. Ellos obtienen apoyo económico del extranjero, y mientras no sean declarados terroristas en todo el mundo, podrán gestionar donaciones y actividades para financiarse en lugares como Europa, por ejemplo", indicó.

Víctor García Belaunde también tomó con seriedad este anuncio del Comando Conjunto. "Esta denuncia es muy grave, y hay que pedir a nuestras fuerzas del orden que a la brevedad posible precisen esta información y nos la hagan llegar, para darles todas las facilidades para acabar con estos focos subversivos", afirmó.

Asimismo, el vocero de Unidad Nacional, Luis Galarreta, señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben cumplir fielmente con sus tareas de seguridad.

Protegen a militares que mataron a 117 en Putis

El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) recogió la versión de los sobrevivientes de la masacre de Putis, en la que fueron ejecutados extrajudicialmente “no menos de 117 personas”. Este informe señaló como responsables de la masacre al oficial “Lalo”, el teniente “Bareta”, el comandante “Oscar” y el capitán “Cuervo”, seudónimos que ni el Ministerio de Defensa ni el alto mando del Ejército quieren revelar hasta ­ahora.


El comandante general del Ejército, Edwin Donayre, afirmó ayer que el Ejército va a “prestar todo apoyo a la justicia, pero se debe tener en cuenta las circunstancias donde ocurrieron esos crímenes”.Un rondero que colaboraba con el Ejército en 1984 confirmó la participación del teniente “Lalo” y lo describió como “alto, blanco, de pelo negro y lacio”.

A partir de estos testimonios, la Fiscalía Mixta de Huanta, Ayacucho, abrió investigación contra el general EP (r) ­Adrián Huamán y el comandante EP Edmundo Obregón Valverde, por el delito de homicidio calificado. Como parte de las actividades del Ministerio Público, han comenzado los trabajos de desentierro e ­identificación de las víctimas.


Carlos Tapia, ex miembro de la CVR, indicó que el Ejército debe responder por estos crímenes, ocurridos en diciembre de 1984, y revelar quiénes estuvieron detrás de estos dramáticos sucesos, en que fueron victimados 124 hombres y mujeres, comuneros de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc.

Entre las víctimas hay 19 niños de uno a 14 años de edad.Añadió que las fosas comunes en el cuartel Los Cabitos en Huamanga, y en la base militar de Putis, en las alturas de Huanta, ponen en evidencia que las violaciones de los derechos humanos respondieron a una estrategia sistematizada y de ninguna manera fueron acciones aisladas de algunos militares.


Al respecto, el ex congresista Javier Diez Canseco consideró este caso como “paradigmático”, porque “no sólo es la fosa más grande encontrada hasta el momento, sino que revela la existencia de una política genocida dirigida a eliminar colectivos humanos en razón a la raza, creencias y ubicación geográfica”.


Recordó que Martin Rivas, jefe del destacamento militar Colina, dijo que en la Escuela de las Américas aprendió que había que responder al terror con más terror. Diez Canseco subrayó que la mayoría los Colina hicieron su sangriento paso por Huamanga, la Casa Rosada, el cuartel Los Cabitos.

Donayre: “Yo no protejo a nadie”

COMANDANTE GENERAL DEL EP CONFIRMA QUE SE INVESTIGA TRÁFICO DE ARENA QUE IMPLICA A OFICIALES

El habitual buen humor del comandante general del Ejército, Edwin Donayre, se esfumó por completo al ser preguntado sobre la denuncia de tráfico de arena en la Quebrada Cruz de Hueso, que beneficiaría a un alto mando de la institución castrense.

“Yo no voy a proteger a nadie. Pero tampoco voy a exponer a mis oficiales. Yo me remito a todas las investigaciones, que deben tener sus resultados. Yo no estoy realizando la investigación”, declaró muy fastidiado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que en un plazo máximo de diez días estará listo el informe sobre la presunta explotación irregular de este terreno en posesión del Ejército.

“Pedí una investigación por parte de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, y no creo que demore más de diez días”, indicó.

Para Antero, Chile distorsiona paz de la región

Le puso la puntería.
Ante la soberbia adquisición de armamento por parte de Chile, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, manifestó ayer que si bien el Perú no se mete en lo que hacen otros países, quiere que en la región no existan elementos que distorsionen la paz que se busca mantener.

En tono crítico, señaló que espera que en el futuro pueda haber algún trato en la línea de generación de confianza con el fin de que se reduzcan esas compras millonarias de armamento. Indicó que hay países como Chile que, por tener un elevado porcentaje de regalías, cada día tienen ingresos que han ido gastando en compra de armamento, lo cual no es conveniente porque los obliga a gastar más de lo que necesitan.

En el caso peruano, dijo que la política del gobierno es mantener operativas y eficaces a las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier tipo de peligro, pero sin hacer compras de armamento innecesarias. “Se comprará, reparará y repontenciará el armamento absolutamente necesario.

Nuestra política de defensa es defensa. No es ofensa y no es agresión”, enfatizó. Caso Corte IDH De otro lado, Flores Aráoz informó que el Estado peruano ha propuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos algunas medidas para evitar la sobrecarga procesal y garantizar el debido proceso en esa instancia internacional.

El planteamiento –dijo– cuenta con el respaldo de otros países de la región. Una de las propuestas es que las denuncias se procesen según como vayan llegando para evitar la acumulación y la sobrecarga procesal. También se ha planteado la implementación del silencio administrativo negativo en la Corte IDH y que exista el abandono de instancia con la finalidad de reducir la carga procesal.